Quiénes Somos
“… porque de este lado estamos los más necesitados,
los más desprotegidos, los que siempre fuimos patoteados”.
(Ricardo)
“Somos humanos, sufrimos, lloramos, si nos cortan sangramos,
tenemos familia, entendemos y razonamos como cualquiera.
Que nos hayan privado de la libertad no significa que seamos ignorantes, que no tengamos derecho a la vida y a la justicia”
(Walter)
Somos los hijos de la asistencia pública, de la educación pública, de los reformatorios, de las villas de emergencia y los asentamientos: allí aprendimos la vida.
Desde que ejercitamos la comunicación, a través de Radio La Cantora: el odio cobró otra forma; del rencor brotó una idea y esa idea se vuelve indestructible a medida que avanzamos.
Nos convertimos en los intérpretes del deshecho humano: del residuo que se corrompe en las prisiones, bajo los puentes, en el fondo de la fétida pudrición de las ciudades.
Nuestra obra está hecha del líquido que segregan miles de corazones resecos y pisoteados: es corrosiva; pero también calmante para nuestros hermanos de miseria y desesperación.
Los poderosos hablan por nosotros, nos construyen y definen según sus intereses.
Desde La Cantora hablamos nosotros, nos definimos con lenguaje propio, y nos construimos colectivamente.
El surgimiento de este proyecto dentro y fuera de las cárceles está ligado directamente a la necesidad vital de crear espacios de resistencia al discurso hegemónico.
La comunicación popular es el área elegida para trabajar, desde la perspectiva dada por su objetivo: la liberación. Instancia generada por la recuperación de la palabra mediante las prácticas que la abordan a partir del debate colectivo, como forma de parir un pensamiento crítico de la realidad.
Los privados de la libertad que integramos La Cantora nos hemos transformado en multiplicadores intra y extra muros. Con la lucha recuperamos la vida y con ella los sueños. Somos trabajadores ocupados y desocupados, artistas, periodistas, sociólogos, poetas y estudiantes universitarios que recuperamos la vida comprometidos con el cambio social.
12 de octubre de 2006
11 de octubre de 2006
Aumentan las Huelgas de Hambre en las cárceles bonaerenses
A doce días de iniciada la protesta, 20 Unidades Penales de la Provincia de Buenos Aires mantienen la medida de fuerza.
Cada vez son más los internos de diferentes unidades penales bonaerenses que se adhieren suman a la Huelga de Hambre General iniciada el pasado jueves 21 de septiembre por los internos de la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, en reclamo por las masivas irregularidades de sus situaciones judiciales de las que son víctimas.
Al momento de iniciar las huelgas, los internos de la Unidad 9 denunciaron ante el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo que la medida obedecía a la demora innecesaria y denotada en el agravamiento de las situaciones legales de los internos que se encuentran en esta unidad. Cabe mencionar, que a doce días de iniciadas las huelgas, el número de unidades penales, que en forma total o parcial se han sumado a la medida, asciende a 20.
La medida de fuerza nace a partir de continuos reclamos de parte de los internos por la agilización de los procesos judiciales, ya que el 70% de ellos se encuentran en condición de procesados –sin condena firme-. La mayor parte de ellos se encuentran en esta situación desde hace más de ocho años, llegando a haber casos de internos con 30 años privados de la libertad sin condena firme.
Las Unidades que se han sumado a la medida en forma total o parcial son: la Unidad Nº 1 de Lisandro Olmos; la U 6 de Dolores; U 7 de Azul; U 4 de Bahía Blanca; U 8 y 33 de mujeres; U 30 de Gral. Alvear; U 24 de Florencio Varela; 38 de Sierra Chica; 37 de Barker; U 28, U 35 y 36 de Magdalena; U 17; U 18 de Gorina; U 42 y 43; U 45 de Melchor Romero; y U 15 de Batán.
En la declaración de Huelga de Hambre, los internos diversifican el reclamo hacia los tres poderes provinciales y el Poder Legislativo Nacional.
En cuanto al Poder Judicial Bonaerense, los internos reclaman a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la declaración de inconstitucionalidad del Art. 24 del%2
Cada vez son más los internos de diferentes unidades penales bonaerenses que se adhieren suman a la Huelga de Hambre General iniciada el pasado jueves 21 de septiembre por los internos de la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, en reclamo por las masivas irregularidades de sus situaciones judiciales de las que son víctimas.
Al momento de iniciar las huelgas, los internos de la Unidad 9 denunciaron ante el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo que la medida obedecía a la demora innecesaria y denotada en el agravamiento de las situaciones legales de los internos que se encuentran en esta unidad. Cabe mencionar, que a doce días de iniciadas las huelgas, el número de unidades penales, que en forma total o parcial se han sumado a la medida, asciende a 20.
La medida de fuerza nace a partir de continuos reclamos de parte de los internos por la agilización de los procesos judiciales, ya que el 70% de ellos se encuentran en condición de procesados –sin condena firme-. La mayor parte de ellos se encuentran en esta situación desde hace más de ocho años, llegando a haber casos de internos con 30 años privados de la libertad sin condena firme.
Las Unidades que se han sumado a la medida en forma total o parcial son: la Unidad Nº 1 de Lisandro Olmos; la U 6 de Dolores; U 7 de Azul; U 4 de Bahía Blanca; U 8 y 33 de mujeres; U 30 de Gral. Alvear; U 24 de Florencio Varela; 38 de Sierra Chica; 37 de Barker; U 28, U 35 y 36 de Magdalena; U 17; U 18 de Gorina; U 42 y 43; U 45 de Melchor Romero; y U 15 de Batán.
En la declaración de Huelga de Hambre, los internos diversifican el reclamo hacia los tres poderes provinciales y el Poder Legislativo Nacional.
En cuanto al Poder Judicial Bonaerense, los internos reclaman a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la declaración de inconstitucionalidad del Art. 24 del%2
Rehenes de la Industria de la Pobreza
Rehenes de la Industria de la Pobreza
La derecha política enquistada en el poder judicial, tiene de rehenes a casi 20.000 personas detenidas. La carne humana se ha convertido en moneda de cambio de la industria más rentable del momento. Las Unidades en Huelga de Hambre ya suman 23. Unidades Penales Federales se sumaron a la protesta.
La masiva adhesión a las huelgas de hambre dentro de las unidades bonaerenses, ha empujado a la superficie una fotografía de la dinámica económico social de nuestro país, y del quehacer del estado de derecho que la regula.
Cerca de 35.000 personas se encuentran detenidas dentro de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires. Al menos el 70 % de ellos se encuentra en situación de procesados sin sentencia firme, con un promedio de prisión preventiva de 8 a 12 años de detención, cosa que excede ampliamente, los dos años de plazo razonable que establece el Pacto San José de Costa Rica.
Por tanto, la medida de fuerza -que nació a partir de los continuos reclamos que desde hace años llevan adelante los internos por la agilización de los procesos judiciales-, no resulta un fenómeno espontáneo. Menos aún, si caemos en la cuenta de que casi 20.000 personas están siendo rehenes del sistema judicial en toda la Provincia de Buenos Aires. De allí que a trece días de iniciadas las huelgas de hambre, las unidades penales sumadas a la protesta lleguen a 23.
La Huelga de Hambre General impulsada desde el jueves 21 de septiembre por los internos de la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, continúa sosteniéndose en el reclamo por las masivas irregularidades de sus situaciones judiciales de las que son víctimas. En la declaración de la medida, los internos diversifican el reclamo hacia los tres poderes provinciales y el Poder Legislativo Nacional.
Reclamo que se cobró de validez oficial el día 25 de septiembre, cuando la Comisión Interjuridiccional para Seguimiento de la Problemática Carcelaria, se comprometiera con los internos en huelga a tomar cartas en el asunto, según los puntos que los internos asentaran en el petitorio emitido el día 21.
La primera respuesta que tuvieran los internos de parte de esta comisión, no fue satisfactoria. El día 27 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, emitió un comunicado de seis puntos, donde los primeros tres hacían referencia a que la excesiva lentitud de los procesos judiciales, se debía a la falta de presupuesto e infraestructura de trabajo dentro de la estructura judicial de la provincia. En los restantes ítems, la Corte se comprometía a analizar la necesidad de replantear los reclamos de los detenidos, para poder dotar mayor celeridad a los procesos judiciales.
Mientras la Comisión se toma su tiempo, el sistema penitenciario bonaerense se apresta a cumplir su segunda década de colapso general. Más aún si recordamos que las reformas propuestas en materia penal al Poder Legislativo Nacional y aprobadas por las cámaras – las “Leyes Blumberg” -, han dejado un saldo de 10.000 nuevos detenidos en las cárceles bonaerenses en el último año.
Los internos en huelga de Hambre, reclaman a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia –entre otros puntos, la declaración de inconstitucionalidad del Art. 24 del Código Penal; la plena y preferencial aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal 24.660 por sobre la Ley Provincial del mismo tenor 12.256; y la derogación efectiva de la Ley 12.405 –“Ley Ruckauf”, que disponía la prisión preventiva de manera automática, y cuya reforma sólo ha beneficiado hasta el momento, a los miembros de las Fuerzas de Seguridad, acusados de homicidio, torturas seguidas de muerte, apremios ilegales y privación ilegítima de la libertad.
Pareciera además que nadie quisiera hacerse cargo del costo político que tendría la correcta aplicación de las leyes vigentes. De considerarse el reclamo de los internos en huelga de hambre, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, debería liberar casi automáticamente, a esos 10.000 detenidos encarcelados en el último año.
La respuesta desde el Poder Judicial bonaerense a este razonamiento, se empara en la horizontalidad y amplitud de criterios que poseen los jueces de la provincia a la hora de tomar decisiones. Lo curioso de esta situación es que la amplitud de criterios, perjudica en el 98% de los casos al mismo sector social: el más pobre.
El promedio de edad de las personas privadas de la libertad en la provincia, es de 21 años. El 80% de ellos proviene de los sectores más sensibles de nuestra sociedad. Es decir, hablamos de personas a las cuales se las ha condenado a muerte desde el mismo momento de su nacimiento.
Jóvenes que han pasado a ser la materia prima, la moneda de cambio, de la Industria de la Pobreza. Miles de jóvenes argentinos son encarcelados diariamente por el delito de ser pobres. Cada “niño” detenido le cuesta al Estado provincial una partida que ronda los mil pesos, de los cuales a los detenidos llegan sólo migajas.
Las grandes masas de dinero que se movilizan solamente dentro de la estructura judicial, incrementa diariamente las arcas de los jueces y funcionarios judiciales adictos a las consignas de mano dura y militarización de las calles.
El crecimiento geométrico de la población carcelaria, se relaciona directamente con otra de las industrias que movilizan la economía mundial por estas épocas. No resulta difícil encontrar conexiones entre la violencia inherente a la pobreza extrema y las disputas del mercado de la droga o la desesperación del “niño” drogadependiente.
El Estado, el Capital, y la derecha política, reaccionan con más violencia frente al conflicto. Se diseñan leyes cada vez más duras y se otorgan mayores poderes y presupuestos a las fuerzas de seguridad. El narcotráfico – entre otras tantas formas de disciplinamiento social- es demonizado como factor único de agudización de la violencia de los pobres, y legitima la represión hacia esos sectores.
Fue en nombre de la defensa de la seguridad pública –“para garantizar la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía”-, los diferentes gobiernos latinoamericanos han llamado en los últimos años, a un combate frontal contra la delincuencia organizada y reducirla a su mínima expresión, para evitar que represente un riesgo para la gobernabilidad.
Esta nueva doctrina de “Seguridad nacional” requiere para su puesta en marcha, unificar e integrar la operación de todas las corporaciones policíacas de los países del continente, y reformar los Códigos Penales para hacer más duras las penas. Significa también, más toma de deuda para financiar las reformas en las estructuras de seguridad y, más fondos para programas de lucha contra la violencia y prevención de las adicciones en las organizaciones comunitarias.
Así, estos miles de jóvenes pobres, “condenados a muerte” por el proyecto económico neoliberal, sobreviven en cárceles superpobladas, en los suburbios de las grandes ciudades o en las calles, de los países latinoamericanos. Estos jóvenes funcionan como chivo expiatorio, ya que sobre ellos se está canalizando toda la agresividad latente en los sectores de la derecha integrista, católica y militarista, que añora y reivindica la última dictadura cívico-militar. El mismo sector de la sociedad, responsable del secuestro y desaparición del ex militante popular Jorge Julio López.
Por todo esto, son los mismos “condenados a muerte” alojados en 23 unidades penitenciarias provinciales y federales, sostienen desde hace 13 días, la huelga de hambre general. Al día de hoy,las Unidades que mantienen la medida en forma total o parcial son: la Unidad Nº 1 de Lisandro Olmos; la U 6 de Dolores; U 7 de Azul; U 4 de Bahía Blanca; U 8 y 33 de mujeres; U 30 de Gral. Alvear; U 24 de Florencio Varela; 2 y 38 de Sierra Chica; 37 de Barker; U 28, U 35 y 36 de Magdalena; U 17; U 18 de Gorina; U 42 y 43; U 45 de Melchor Romero; y U 15 de Batán. Todas ellas pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense. A ellas se han sumado la Unidad Penal Federal Nº 3 de Ezeiza, y el Complejo Nº 1 de la misma localidad.
Asistimos de esta manera, al teatro presidido por un nuevo escenario Latinoamericano, donde los gobiernos dicen respetar el derecho a la protesta, a la vez que aparece solapadamente, una criminalización de nuevo tipo, que se puede chequear en cada uno de los países del continente: el armado de causas llamadas “comunes” implica sacarlas del terreno de lo político, para los sectores populares que se resisten a las políticas de hambre y violación sistemática de los derechos humanos.
Lo que aparece como dato preocupante es que, progresistas de diversos gobiernos, repiten con frecuencia -por lo bajo- que “hay sectores de la población que son irrescatables”. Frase que naturaliza la condena de antemano contra los mas desprotegidos, el abandono de políticas económicas y públicas dirigidas a la recuperación del trabajo y la dignidad por parte de estos sectores.
Y de perpetuarse esta situación, millones de dólares se seguirán utilizando para nutrir los aparatos burocráticos y los bolsillos de los que asumen como discurso “El Estado Social de Derecho”. Un enjuague de conciencia de militares genocidas, políticos neoliberales, profesionales y académicos, devenidos en tecno-pobres.
- REIVINDICAMOS las huelgas de hambre de los compañeros en su lucha por la libertad
- CONDENAMOS y COMBATIMOS la Criminalización de la Pobreza.
- EXIGIMOS la aparición con vida del compañero Jorge Julio López.
- EXIGIMOS la continuación de los juicios a los genocidas
3 de Octubre de 2006
POR LA VIDA Y LA LIBERTAD
Colectivo de Comunicación Popular
Radio La Cantora
La derecha política enquistada en el poder judicial, tiene de rehenes a casi 20.000 personas detenidas. La carne humana se ha convertido en moneda de cambio de la industria más rentable del momento. Las Unidades en Huelga de Hambre ya suman 23. Unidades Penales Federales se sumaron a la protesta.
La masiva adhesión a las huelgas de hambre dentro de las unidades bonaerenses, ha empujado a la superficie una fotografía de la dinámica económico social de nuestro país, y del quehacer del estado de derecho que la regula.
Cerca de 35.000 personas se encuentran detenidas dentro de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires. Al menos el 70 % de ellos se encuentra en situación de procesados sin sentencia firme, con un promedio de prisión preventiva de 8 a 12 años de detención, cosa que excede ampliamente, los dos años de plazo razonable que establece el Pacto San José de Costa Rica.
Por tanto, la medida de fuerza -que nació a partir de los continuos reclamos que desde hace años llevan adelante los internos por la agilización de los procesos judiciales-, no resulta un fenómeno espontáneo. Menos aún, si caemos en la cuenta de que casi 20.000 personas están siendo rehenes del sistema judicial en toda la Provincia de Buenos Aires. De allí que a trece días de iniciadas las huelgas de hambre, las unidades penales sumadas a la protesta lleguen a 23.
La Huelga de Hambre General impulsada desde el jueves 21 de septiembre por los internos de la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, continúa sosteniéndose en el reclamo por las masivas irregularidades de sus situaciones judiciales de las que son víctimas. En la declaración de la medida, los internos diversifican el reclamo hacia los tres poderes provinciales y el Poder Legislativo Nacional.
Reclamo que se cobró de validez oficial el día 25 de septiembre, cuando la Comisión Interjuridiccional para Seguimiento de la Problemática Carcelaria, se comprometiera con los internos en huelga a tomar cartas en el asunto, según los puntos que los internos asentaran en el petitorio emitido el día 21.
La primera respuesta que tuvieran los internos de parte de esta comisión, no fue satisfactoria. El día 27 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, emitió un comunicado de seis puntos, donde los primeros tres hacían referencia a que la excesiva lentitud de los procesos judiciales, se debía a la falta de presupuesto e infraestructura de trabajo dentro de la estructura judicial de la provincia. En los restantes ítems, la Corte se comprometía a analizar la necesidad de replantear los reclamos de los detenidos, para poder dotar mayor celeridad a los procesos judiciales.
Mientras la Comisión se toma su tiempo, el sistema penitenciario bonaerense se apresta a cumplir su segunda década de colapso general. Más aún si recordamos que las reformas propuestas en materia penal al Poder Legislativo Nacional y aprobadas por las cámaras – las “Leyes Blumberg” -, han dejado un saldo de 10.000 nuevos detenidos en las cárceles bonaerenses en el último año.
Los internos en huelga de Hambre, reclaman a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia –entre otros puntos, la declaración de inconstitucionalidad del Art. 24 del Código Penal; la plena y preferencial aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal 24.660 por sobre la Ley Provincial del mismo tenor 12.256; y la derogación efectiva de la Ley 12.405 –“Ley Ruckauf”, que disponía la prisión preventiva de manera automática, y cuya reforma sólo ha beneficiado hasta el momento, a los miembros de las Fuerzas de Seguridad, acusados de homicidio, torturas seguidas de muerte, apremios ilegales y privación ilegítima de la libertad.
Pareciera además que nadie quisiera hacerse cargo del costo político que tendría la correcta aplicación de las leyes vigentes. De considerarse el reclamo de los internos en huelga de hambre, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, debería liberar casi automáticamente, a esos 10.000 detenidos encarcelados en el último año.
La respuesta desde el Poder Judicial bonaerense a este razonamiento, se empara en la horizontalidad y amplitud de criterios que poseen los jueces de la provincia a la hora de tomar decisiones. Lo curioso de esta situación es que la amplitud de criterios, perjudica en el 98% de los casos al mismo sector social: el más pobre.
El promedio de edad de las personas privadas de la libertad en la provincia, es de 21 años. El 80% de ellos proviene de los sectores más sensibles de nuestra sociedad. Es decir, hablamos de personas a las cuales se las ha condenado a muerte desde el mismo momento de su nacimiento.
Jóvenes que han pasado a ser la materia prima, la moneda de cambio, de la Industria de la Pobreza. Miles de jóvenes argentinos son encarcelados diariamente por el delito de ser pobres. Cada “niño” detenido le cuesta al Estado provincial una partida que ronda los mil pesos, de los cuales a los detenidos llegan sólo migajas.
Las grandes masas de dinero que se movilizan solamente dentro de la estructura judicial, incrementa diariamente las arcas de los jueces y funcionarios judiciales adictos a las consignas de mano dura y militarización de las calles.
El crecimiento geométrico de la población carcelaria, se relaciona directamente con otra de las industrias que movilizan la economía mundial por estas épocas. No resulta difícil encontrar conexiones entre la violencia inherente a la pobreza extrema y las disputas del mercado de la droga o la desesperación del “niño” drogadependiente.
El Estado, el Capital, y la derecha política, reaccionan con más violencia frente al conflicto. Se diseñan leyes cada vez más duras y se otorgan mayores poderes y presupuestos a las fuerzas de seguridad. El narcotráfico – entre otras tantas formas de disciplinamiento social- es demonizado como factor único de agudización de la violencia de los pobres, y legitima la represión hacia esos sectores.
Fue en nombre de la defensa de la seguridad pública –“para garantizar la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía”-, los diferentes gobiernos latinoamericanos han llamado en los últimos años, a un combate frontal contra la delincuencia organizada y reducirla a su mínima expresión, para evitar que represente un riesgo para la gobernabilidad.
Esta nueva doctrina de “Seguridad nacional” requiere para su puesta en marcha, unificar e integrar la operación de todas las corporaciones policíacas de los países del continente, y reformar los Códigos Penales para hacer más duras las penas. Significa también, más toma de deuda para financiar las reformas en las estructuras de seguridad y, más fondos para programas de lucha contra la violencia y prevención de las adicciones en las organizaciones comunitarias.
Así, estos miles de jóvenes pobres, “condenados a muerte” por el proyecto económico neoliberal, sobreviven en cárceles superpobladas, en los suburbios de las grandes ciudades o en las calles, de los países latinoamericanos. Estos jóvenes funcionan como chivo expiatorio, ya que sobre ellos se está canalizando toda la agresividad latente en los sectores de la derecha integrista, católica y militarista, que añora y reivindica la última dictadura cívico-militar. El mismo sector de la sociedad, responsable del secuestro y desaparición del ex militante popular Jorge Julio López.
Por todo esto, son los mismos “condenados a muerte” alojados en 23 unidades penitenciarias provinciales y federales, sostienen desde hace 13 días, la huelga de hambre general. Al día de hoy,las Unidades que mantienen la medida en forma total o parcial son: la Unidad Nº 1 de Lisandro Olmos; la U 6 de Dolores; U 7 de Azul; U 4 de Bahía Blanca; U 8 y 33 de mujeres; U 30 de Gral. Alvear; U 24 de Florencio Varela; 2 y 38 de Sierra Chica; 37 de Barker; U 28, U 35 y 36 de Magdalena; U 17; U 18 de Gorina; U 42 y 43; U 45 de Melchor Romero; y U 15 de Batán. Todas ellas pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense. A ellas se han sumado la Unidad Penal Federal Nº 3 de Ezeiza, y el Complejo Nº 1 de la misma localidad.
Asistimos de esta manera, al teatro presidido por un nuevo escenario Latinoamericano, donde los gobiernos dicen respetar el derecho a la protesta, a la vez que aparece solapadamente, una criminalización de nuevo tipo, que se puede chequear en cada uno de los países del continente: el armado de causas llamadas “comunes” implica sacarlas del terreno de lo político, para los sectores populares que se resisten a las políticas de hambre y violación sistemática de los derechos humanos.
Lo que aparece como dato preocupante es que, progresistas de diversos gobiernos, repiten con frecuencia -por lo bajo- que “hay sectores de la población que son irrescatables”. Frase que naturaliza la condena de antemano contra los mas desprotegidos, el abandono de políticas económicas y públicas dirigidas a la recuperación del trabajo y la dignidad por parte de estos sectores.
Y de perpetuarse esta situación, millones de dólares se seguirán utilizando para nutrir los aparatos burocráticos y los bolsillos de los que asumen como discurso “El Estado Social de Derecho”. Un enjuague de conciencia de militares genocidas, políticos neoliberales, profesionales y académicos, devenidos en tecno-pobres.
- REIVINDICAMOS las huelgas de hambre de los compañeros en su lucha por la libertad
- CONDENAMOS y COMBATIMOS la Criminalización de la Pobreza.
- EXIGIMOS la aparición con vida del compañero Jorge Julio López.
- EXIGIMOS la continuación de los juicios a los genocidas
3 de Octubre de 2006
POR LA VIDA Y LA LIBERTAD
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