El sábado 2 de diciembre se realizará en La Plata, el Primer Encuentro Nacional de Organizaciones con Trabajo Carcelario. El temario girará en torno a la criminalización de la pobreza, la desmilitarización del tratamiento hacia los detenidos, y la porosidad de las cárceles hacia las organizaciones sociales. La jornada estará acompañada por una intensa actividad cultural.
“Nuestra práctica debe hacer innecesarios los códigos penales, los castigos, las prisiones y a los verdugos”. Ese es el lema con el cual Radio La Cantora, convoca al Primer Encuentro Nacional de Organizaciones con Trabajo Carcelario, a realizarse en La Plata, el próximo sábado 2 de diciembre. La jornada, tendrá lugar en el Edificio “Miguel Brú” de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, cito en calle 4 entre 43 y 44 de esa ciudad.
Los objetivos del encuentro giran en torno a tres ejes principales: estudiar la política penitencia en la república Argentina; discutir el rol de la organizaciones sociales en la problemática carcelaria; y generar una red de organizaciones que discuta y accione sobre las problemáticas de las cárceles en Argentina.
El promedio de edad de las personas privadas de la libertad en la República Argentina, es de 21 años. El 90% de ellos proviene de los sectores más sensibles de nuestra sociedad. Es decir, personas a las cuales se las ha condenado a muerte desde el mismo momento de su nacimiento. Jóvenes que han pasado a ser la materia prima, la moneda de cambio, de la Industria de la Pobreza. Miles de jóvenes argentinos son encarcelados diariamente por el delito de ser pobres.
El crecimiento geométrico de la población carcelaria, se relaciona directamente con otra de las industrias que movilizan la economía mundial por estas épocas. Por lo que no nos resulta difícil encontrar conexiones entre la violencia inherente a la pobreza extrema y las disputas del mercado de la droga o la desesperación del “niño” drogadependiente.
El Estado, el Capital, y la derecha política, reaccionan con más violencia frente a este conflicto. Se diseñan leyes cada vez más duras y se otorgan mayores poderes y presupuestos a las fuerzas de seguridad. El narcotráfico – entre otras tantas formas de disciplinamiento social- es demonizado como factor único de agudización de la violencia de los pobres, y legitima la represión hacia esos sectores.
Así, bastaría con reconstruir la larga cadena de instituciones, funcionarios, informes situacionales, listados de asesores en seguridad, criterios judiciales, debates parlamentarios, misiones oficiales, coloquios de expertos, libros académicos, conferencias de prensa, artículos periodísticos y notas televisivas, que en nombre de la defensa de la seguridad pública, la garantización de la integridad y el patrimonio de la ciudadanía, han instalado socialmente una especie de “sentido común penal”, que establece que no hay derecho igual para hombres desiguales.
La connivencia del Poder Judicial argentino con este razonamiento, se empara tras horizontalidad y amplitud de criterios que poseen los jueces de la nación y las provincias a la hora de tomar decisiones. Tal amplitud de criterios, perjudica en el 98% de los casos al mismo sector social: el más pobre; y mientras que cada “niño pobre” encarcelado, le cuesta al Estado Nacional una partida que ronda los mil pesos, de los cuales a los detenidos llegan sólo migajas. Sólo las grandes masas de dinero que se movilizan diariamente dentro de la estructura judicial, que incrementan las arcas de los jueces y funcionarios judiciales adictos a las consignas de mano dura y militarización de las calles, bastaría para palear todas las necesidades de alimentación, educación trabajo y salubridad, que padecen las familias argentinas por “debajo de a línea de pobreza”.
Esta nueva doctrina de “Seguridad nacional” requiere para su puesta en marcha, unificar e integrar la operación de todas las corporaciones policíacas de los países del continente, y reformar los Códigos Penales para hacer más duras las penas. Significa también, más toma de deuda para financiar las reformas en las estructuras de seguridad y, más fondos para programas de lucha contra la violencia y prevención de las adicciones en las organizaciones comunitarias.
Este nuevo sentido común penal, criminaliza la pobreza, regulariza y normaliza el trabajo asalariado precario a nivel internacional, a imagen y semejanza de una ideología económica y social basada en el individualismo y la mercantilización, de la que es, en materia de justicia la traducción y el complemento. Argentina y Latinoamérica, no escapan al régimen que deriva de este “marketing del rigor penal”, que empuja al alineamiento planetario de las políticas públicas con esa encarnación histórica particular de la utopía neoliberal.
En nuestro país, miles de jóvenes pobres, “condenados a muerte” por el proyecto económico, “sobremueren” en cárceles superpobladas, en los suburbios de las grandes ciudades y en las calles. Estos jóvenes funcionan como chivo expiatorio, ya que sobre ellos se está canalizando toda la agresividad latente en los sectores de la derecha integrista, católica y militarista, que añora y reivindica la última dictadura cívico-militar. En estos “niños-pobres”, se materializa la materia prima de la industria de la pobreza.
La organizaciones sociales que llevan adelante diferentes trabajos dentro de las cárceles, pondrán en discusión también la desmilitarización del tratamiento de los detenidos. Aunque luchemos por abolir el negocio carcelario, éstas existen. El único derecho que pierde la persona privada de su libertad, es precisamente el de su libertad ambulatoria. De allí decanta que a la persona detenida, le corresponden el contacto fluido y cercano con su familia; el derecho a completar o iniciar sus estudios, trabajar por un salario digno; a tener la atención médica, psicológica y de asistencia social; y tiene derecho a una cárcel sana y limpia como establece el Art. 18 de la Constitución Nacional, en beneficio de su propia seguridad.
En términos formales, quién se encuentra privado de la libertad, ésta atravesando un período de recuperación y readaptación que le permita a esa persona la pronta resocialización una vez en la calle. En Argentina, quienes desempeñan esta tarea de “resocialización” son el Poder Judicial, desde el momento que dispone de una persona; y el Servicio Penitenciario Federal o Provincial, quién debe proteger y asistir al detenido durante su condena.
Si al lector curioso se le ocurriera examinar cuál es el desempeño –por ejemplo- del Servicio Penitenciario Bonaerense en esta humanitaria tarea, basta con ojear alguno de los informes publicados por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Informes que fueron presentados ante el Presidente Kirchner y el Gobernador Felipe Solá en sus respectivos despachos. En dichas páginas, se multiplican las formas de hostigamiento y tortura van desde las agresiones físicas a las psicológicas, y las denuncias de muertes se multiplican por docenas. Esa es la respuesta del personal penitenciario a los requerimientos de los internos.
O mejor, acuda a las páginas de un informe realizado por la misma Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires (realizado en 2005), y podrá encontrarse con las siguientes cifras: según información brindada por el Servicio Penitenciario a la Secretaría de Derechos Humanos, en la Unidad N° 9 de La Plata, con una población de 1433 personas, se consumían 18.657 dosis de psicofármacos por mes. Haciendo una proyección y tomando datos generales, comprobamos que, siendo la población carcelaria de casi 35.000 personas en la provincia, se consume un total de 378.000 pastillas tranquilizantes por mes en toda la provincia de Buenos Aires. En la Unidad N° 8 de Los Hornos, con una población en 2005, de 209 mujeres, se consumían 6.520 psicofármacos. En la Unidad N° 3 de San Nicolás, con una población de 543 detenidos, el consumo era de 8.460. La Unidad N° 29 poseía entonces una población de 157 internos y el consumo ascendía a 7.434 pastillas. Cabe aclarar que las cifras no cuentan el consume que deriva del tráfico de estupefacientes.
Otra de las formas de hostigamiento y que provoca graves consecuencias a los privados de la libertad y a sus familias, y que involucra a otro de los grandes negocios del Servicio Penitenciario, es la desmedida cantidad de traslados, que generan a su vez exponenciales costos de financiamiento. La División Traslado de Detenidos insume un promedio mensual aproximado de 60.000 pesos en vales de nafta (1.520 vales), 10.000 pesos mensuales para reparación de automotores, a los que debe sumarse los sueldos y viáticos del personal. En el rubro viáticos se destinan 120.000 pesos mensualmente. Son 245 las personas que allí se desempeñan, incrementándose este número los días viernes, con personal de otras unidades. Durante el año 2004 la División Traslados de Detenidos efectuó 114.222 desplazamientos de detenidos. Hay internos que no alcanzan a estar 15 días en una unidad. Es decir, sus vidas son de transito, lo que provoca secuelas psíquicas y físicas graves, tanto para él como para su familia.
A este estado de las cosas, las personas se convierten en rehenes del Servicio Penitenciario y del Sistema Judicial Penal. No existe un proceso de resocialización real, mientras éste sea administrado, dirigido y acompañado por el mismísimo verdugo. También las cifras dejan a las claras, la necesidad de las desmilitarización del tratamiento. La persona privada de su libertad debe estar acompañada desde el primer día que ingresa a un establecimiento carcelario, por personal idóneo en la tarea a desempeñar, y que no pertenezca a la Fuerza Penitenciaria. Y para ésta, sólo la custodia del perímetro.
La Porosidad de las cárceles hacia las organizaciones sociales, se hace más necesaria que nunca, a la vista de estas cifras. Mientras más ojos vean, menos manos robarán y pegarán; a mayor contacto con el mundo exterior, mayores posibilidades de resocialización posee la persona privada de su libertad.
El 1º Encuentro Nacional de Organizaciones con Trabajo Carcelario, contará además con la presencia de prestigiosos oradores como el Criminólogo Argentino y ferviente abolicionista Elías Neuman, Hugo Cañon de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Borda del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Oscar Rodríguez de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), acompañados por la Coordinadora del Proyecto de Comunicación popular radio La Cantora, Azucena Racosta, junto a personas detenidas y liberadas que participan del proyecto.
La jornada además, contará con una intensa actividad dónde se expondrán tres diferentes muestras plásticas: “Panes” de María Suárez, ex detenida e integrante de Radio La Cantora; Carlos Giusti, destacado artista plástico, con su muestra “Testimonios”, que refleja la devastación sufrida por el pueblo argentino durante la última dictadura cívico-militar y sus consecuencias. También expondrá el grupo “Artistas Entre Rejas”, integrado por internos de la cárcel de Villa Devoto.
Participará además el Colectivo de Arte Popular “La Salamandra” de Viedma, Provincia de Río negro; y como cierre, se presentará el grupo de percusión argentina Kamaruco, dirigido por el percusionista Fabián Tejada. Las actividades comenzarán a las 9 Hs., y la jornada está abierta para todo público.
